En nuestro noti de este fin de semana dejaremos con ustedes el editorial de este viernes 23 del vespertino El Nacional que trata sobre el tema político más candente: la reforma constitucional.
La discusión en torno a la modificación constitucional propuesta por el Poder Ejecutivo es apenas el preámbulo de una intensa jornada de debates que seguramente se escenificarán cuando el Gobierno presente sus proyectos de reforma fiscal, laboral y de la seguridad social, entre otras iniciativas conflictivas.
El litoral oficial tendrá que acostumbrarse a un escenario de confrontación de ideas y opiniones sobre su anunciada agenda repleta de temas trascendentes que involucran cambios significativos en lo económico, social e institucional, los cuales deben ser objetos de ponderación por todos los sectores de la sociedad.
Es por eso que no debería causar extrañeza o preocupaciónque a nivel del liderazgo político, empresarial, gremial, académico o de la sociedad civil que afloren objeciones o adhesiones respecto a los propósitos oficiales de reformar el texto sustantivo, modificar el Código Laboral o recomponer la Ley de Seguridad Social.
La democracia aconseja que el disenso preceda al consenso y que los actores sociales se expresen libremente sobre todas las acciones que encaminen los poderes públicos, sin menoscabo de la funcionabilidad del diálogo o mecanismos de resolución de conflictos.
En una de las modificaciones a la Constitución dominicana, fue extirpado el artículo 210, (“a verdad sabida, buena fe guardada”), inserto por presiones del general Pedro Santana, en el primer texto sustantivo de la republica, con lo cual el constituyente retornó obligación jurídica al jefe del Estado derivada de sus actos.
El presidente Luis Abinader ha dicho que su propuesta de reforma constitucional procura blindar el mandato de la Carta Magna que limita a dos períodos consecutivos el ejercicio presidencial sin que el incumbente pueda postularse jamás a ese cargo ni al de vicepresidente de la República.
Otros aspectos incluidos en ese proyecto, relacionados con la independencia del Ministerio Público y la reducción del número de diputados, encuentran objeciones entre legisladores, líderes políticos y en la comunidad jurídica, por lo que se requiere abrir de par en par las puertas del debate público.
A la democracia dominicana le conviene ejercitarse en el gimnasio de la confrontación pública y cívica, sin temor al que dirán, como lo dispone la propia Constitución, en su artículo 49: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa”.
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