¡Hasta Dios lo ve!

El editorial del vespertino El Nacional de este día trata sobre la penosa situación por la que están pasando los padres dominicanos para inscribir a sus niños en las escuelas públicas del país ya que el cupo está ocupado por haitianos y como estamos de acuerdo con sus criterios lo compartimos con ustedes.

El colmo sería que se considere como expresión xenofóbica el desagrado ciudadano por el informe del Ministerio de Educación que revela que el número de estudiantes haitianos superó en 2023 a la cantidad de alumnos dominicanos en 21 centros de educación pública del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.

No resulta posible asimilar que en barrios que circundan esos planteles la población haitiana sea mayor que la dominicana ni que las familias de alumnos nativos rehúsen inscribirlos en esas escuelas, por lo que se requiere saber el porqué de esas estadísticas tan desoladoras.

En otras diez escuelas los extranjeros representaron el 50 % de la matricula total, muestra de que algo anda mal en relación a la población estudiantil dominicana en torno a su libre acceso a la educación básica y preuniversitaria en escuelas ubicadas en sectores densamente poblados.

El problema no es que a esos planteles asistan niños y adolescentes haitianos, lo que preocupa es que se reduce significativamente la presencia de alumnos dominicanos o que se incrementa la deserción escolar, o, que aumenta la inmigración ilegal.

Se pone como ejemplos al centro educativo Arroyo Hondo, que posee 326 plazas escolares, de los cuales 207 fueron ocupadas por haitianos y 118 por dominicanos y en la escuela Francisco Ulises, de 257 matrículas, 219, corresponden a extranjeros y 38 a estudiantes nativos.

Son muchas las familias dominicanas que bregan sin éxito por inscribir a sus hijos en escuelas públicas, lo que se atribuye a falta de aulas, pero tal parece que padres y tutores extranjeros tienen mejor suerte, al menos en centros educativos de la capital y Santo Domingo Oeste.

Se cumple a pie de letra se cumple con la ley que dispone la entrega al sector educativo de una partida equivalente al 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), gran parte de cuyos recursos se han ido por el retrete, como lo demuestra el que cada vez haya menos alumnos dominicanos en las escuelas con relación a los haitianos.

En ningún modo se aboga por el desalojo de estudiantes haitianos de las escuelas públicas, como tampoco de las miles de parturientas extranjeras que alumbran en maternidades públicas del país, pero si no es mucho pedir se aspira a que las autoridades garanticen libre y fácil acceso de los estudiantes dominicanos a esos planteles y de embarazadas nativas al sistema hospitalario nacional, porque lo mucho dicen ¡hasta Dios lo ve!