El periodista y diacono católico José Monegro, director del periódico El Día, en su editorial de hoy advierte sobre la declaración jurada que deben realizar los funcionarios públicos.
La vida en sociedad no es, por cierto, un juego. Pero como toda persona en algún momento de la vida ha participado en formas colectivas de entretenimiento, cualquiera puede dar testimonio de la importancia de conocer la regulación en los intercambios, aún no medie el interés pecuniario.
Cualquiera que se integra a un pasatiempo con otros lo primero que suele hacer es preguntar por las reglas.
Su valor es indiscutible, particularmente cuando se presentan situaciones conflictivas. En los deportes son un lugar común para la solución de conflictos que a veces incluyen lo personal.
En el terreno jurídico estas reglas son normas que tienden a igualar a todas las personas ante la ley, particularmente si existen los mecanismos para aplicarlas y la Administración responde al interés colectivo.
Con el vencimiento del límite del plazo para la presentación de la declaración jurada de bienes, de los funcionarios que deben hacerlo, surgieron quejas de los descontentos con los requerimientos.
Algunos de los funcionarios que deben someterse a este requisito son de elección popular, y de acuerdo con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, deben de cumplir con este deber en un plazo de 30 días a partir de la toma de posesión y 30 después de haber salido del puesto.
En este caso el apremio es con los juramentados el día 16 de agosto pasado. Algunos de ellos son legisladores, una categoría de funcionario con un papel importante en la formación de las leyes y un rol de representación que los obliga a ser diligentes en el cumplimiento de las normas.
Las reglas del juego están hechas para todos, pero si además se trata de quienes tienen alguna participación en establecerlas, su deber es el de enseñar con el ejemplo. En esto no pueden ser remisos.
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